Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
IMPACTO SOCIO-POLÍTICO E INSTITUCIONAL DE LA TECNOLOGÍA MILITAR 
EN VENEZUELA DURANTE LA “CUARTA REPÚBLICA” Y  EN LA 
“REVOLUCIÓN BOLIVARIANA”  
Mauricio Ramos Álvarez 
Área de Desarrollo Científico y Tecnológico, Centro de Estudios del Desarrollo, 
(CENDES) de la Universidad Central de Venezuela 
mauramos66@hotmail.com, mauramos@cantv.net 
Resumen: 
Este trabajo de investigación consiste en una evaluación del impacto de la 
variable tecnológica, a nivel sociopolítico y dentro de la institución castrense, a 
través de las políticas y procesos de procura, negociación, contratación y 
adquisición de tecnología militar en Venezuela, durante los últimos 50 años del 
período democrático. La primera parte del trabajo  presenta como marco teórico-
conceptual, el Modelo de Evaluación de Impacto Tecnológico (Technology 
Assesssment) de Michael Baram, el cual permite la identificación y análisis de 
diferentes actores sociopolíticos, y sus interrelaciones. Seguidamente, se compara 
la formación de una política de equipamiento militar, en la llamada “Cuarta 
República” (período 1958-1998) y en la “Revolución Bolivariana” del gobierno del 
Presidente Hugo Chávez (período 1999-2008). En su última parte, el trabajo 
muestra los efectos (impacto) de la gerencia de la tecnología militar tanto en el 
nivel sociopolítico nacional como en la organización militar. En esta parte, se 
identifican las relaciones entre actores a  niveles internacional, nacional y 
subnacional: empresas multinacionales, “perros de la guerra”,  “entornos íntimos 
presidenciales”, organizaciones militares, medios de comunicación de masas y la 
opinión pública, movimientos revolucionarios, y centros tecno-científicos (grupos 
de investigación, universidades e institutos de investigación, CAVIM). También 
pueden apreciarse las relaciones con otros actores: el Congreso (hoy Asamblea 
Nacional), Presidente de la República, Ministros de la Defensa, partidos políticos, 
y otros agentes. Estas relaciones entre actores, se analizan igualmente de manera 
comparativa, ubicando su análisis en los períodos de la “Cuarta República” y en la 
“Revolución Bolivariana”.  Finalmente, se presentan algunas conclusiones sobre la 
evaluación del impacto. 
Palabras claves: tecnología militar, impacto tecnológico, relaciones civiles-
militares, organización militar, gerencia tecnológica. 
 
Abstract: 
This article presents a sociopolitical and institutional impact assessment of 
the policy and processes for procurement, negotiation, contracting, and acquisition, 
of military technology in Venezuela, in the last 50 years of the democratic period. In 
the first part, Michael Baram’s Model of Technology Impact Assessment is taken 
as the theoretical and conceptual framework, which allows the identification and 
analysis of the diverse sociopolitical actors, and their interrelationships. Secondly, 
the formation of a military equipment policy in the period 1958-1998, called “Fourth 
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de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
Republic” is compared to the period 1999-2008, named “Bolivarian Revolution” of 
President Hugo Chávez. In the last part, the effects (impact) of the military 
technology management are shown at the sociopolitical national level and within 
the military organization. Here, the relationships between international, national 
and subnational actors are identified: multinational enterprises, lobbyists, military 
organizations, President’s intimate circle, military organizations, mass media and 
public opinion, revolutionary movements, techno- scientific centers (research 
groups, universities and research institutes,  and so on), the Congress (currently 
Assembly), the President, political parties, and some other agents. These actors’ 
relationships are also analyzed in a comparative way, in the two mentioned 
periods. Finally, some conclusions are derived on this impact assessment. 
Key words: military technology, technology impact assessment, civil-
military relationships, military organization, management of technology. 
 
Introducción 
Las intentonas golpistas de Venezuela del 4-F y 27-N de 1992, estimularon el 
debate sobre el rol social y político de las Fuerzas Armadas. En el resto de 
Latinoamérica, se reavivó el debate, particularmente a raíz de sucesos políticos de 
Perú, Haití, Guatemala, Brasil y Chile, y los conflictos armados entre Perú y Ecuador, 
así  como por la incursión de Colombia en territorio ecuatoriano para la eliminación 
de un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
el cual se tradujo en un conflicto diplomático entre Colombia y Ecuador. Han 
ayudado al interés en los temas militares la movilización de tropas venezolanas 
hacia la frontera occidental ante una potencial incursión de fuerzas colombianas a 
Venezuela, ordenada por el Presidente Hugo Chávez.  
El tema militar ha tenido sus problemas en Venezuela, sobre todo si se trata 
de investigar sobre los procesos de negociación y contratación de tecnología militar, 
puesto que ha habido todo un subordinamiento de la política que regula estos 
procesos, al mantenimiento de la estabilidad del orden sociopolítico interno 
amparado por el llamado “secreto militar”; pero cuando esta estabilidad es afectada 
por diversos acontecimientos, vale la pena investigar la manera (incluidos criterios y 
procedimientos) cómo se ha gestionado la adquisición de material bélico. En éste 
trabajo se considera oportuno la evaluación y el análisis de los efectos e 
implicaciones que la gerencia de estas tecnologías  trae consigo. 
No se puede tener total despreocupación por la expresión militar. Se debe 
preparar para la paz, sin desconocer que existe una constante amenaza hacia la 
paz misma. En este orden de ideas, el Manual Básico de la Escuela Superior de 
Guerra de Río de Janeiro (ESG, 1988:125), expone que “no se puede justificar 
una hipertrofia en las Fuerzas Armadas en detrimento del proceso de desarrollo de 
una nación, más no se admite por lógico y temerario que la expresión militar del 
poder nacional sea colocada en un plano menor, a mengua de recursos técnicos 
ni en la falsa concepción de que la prioridad absoluta debe ser dada al campo de 
desarrollo”. Asimismo, puede leerse en este mismo manual que “no existen 
naciones desarmadas porque ninguna de ellas sería capaz de deshacerse de su 
expresión militar para merecer por este acto ingenuo, el respeto y la simpatía de 
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de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
todos los pueblos. No hay fórmula milagrosa capaz de mantener la paz sin la 
amenaza de conflictos internos o de guerra entre los pueblos” (ESG, 1988:125). 
Pese a que estas dos citas contienen percepciones importantes, y hablan de la 
importancia que tienen los recursos técnicos para la conservación de la paz, en 
Venezuela hay una subestimación de los estudios sociales de la ciencia y 
tecnología hacia esta arista del conocimiento,  relativa a la tecnología militar. 
Este trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el impacto de la 
variable tecnológica, a nivel sociopolítico y dentro de la institución castrense, a 
través de las políticas y procesos de procura, negociación, contratación y 
adquisición de tecnología militar en Venezuela, durante los últimos 50 años. El 
mismo sirve de insumo para la formulación de una política gubernamental sobre la 
adquisición, negociación, contratación y transferencia  de la tecnología militar en 
Venezuela. Este estudio está encaminado a resaltar en mayor medida los 
aspectos cualitativos que cuantitativos debido a la poca confiabilidad de las 
estadísticas relacionadas con la variable tecnológico-militar, así como a la 
manipulación de datos y a la existencia de un frecuente "mercado negro" de 
armamento y equipos de uso bélico, en general a nivel subnacional e 
internacional, difícil de cuantificar.  
 
El Modelo de Evaluación de Impacto Tecnológico de Baram 
Es importante mencionar que la planificación de la investigación y el 
desarrollo experimental, destinadas a las operaciones militares conducen a la 
caracterización de un subconjunto de la ciencia y la tecnología que se podría 
denominar “ciencia y tecnología militar” o de otra forma podría decirse, que “no 
existe ciencia y tecnología militar” (Ramos, 1994). Lo que existe son 
conocimientos provenientes de la investigación, destinados a fenómenos relativos, 
a materiales y hombres en conjunto, lo cual llaman los brasileños “agrupamento”, 
que si se toma en cuenta en las operaciones militares, pueden mejorar la 
respectiva relación costo-eficiencia en la solución de problemas militares. (Luz, 
1984:22) 
 Para la evaluación del impacto de la tecnología militar, se ha hecho uso de 
uno de los modelos de evaluación de impacto tecnológico (Technology Assessment) 
utilizados en algunos países desarrollados y adaptándolos al propósito de estudiar 
los resultados de la interacción entre la tecnología militar y su contexto 
sociopolítico/institucional. Entre estos modelos se ha escogido el correspondiente a 
Michel S. Baram (en Kuehn y Porter, 1981). Este modelo ha sido previamente 
utilizado en el Instituto Tecnológico  de Massachusetts (MIT) de Estados Unidos 
tanto en los cursos de postgrado,  “Law and de Social Control of Science and 
Technology”  and  “ Legal Aspects of Environmental Quality“, así como en un grupo 
de proyectos de investigación. 
 La Evaluación de Impacto Tecnológico puede ser vista como uno de los 
intentos por aplicar enfoques "racionales y sistemáticos" a un área de políticas 
públicas, en este caso la gerencia y regulación de tecnología (Berg, 1975). Una de 
las definiciones más usadas envuelve un tipo de estudios de política el cual examina 
sistemáticamente los efectos en una sociedad que ocurren cuando una tecnología es 
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de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
introducida, extendida o modificada con especial énfasis en aquellas consecuencias 
indirectas, retardadas o que no sean intencionales. Posteriormente Braun (1998:28) 
define a esta Evaluación de Impacto Tecnológico, como “el esfuerzo sistemático por 
predecir las consecuencias o efectos de introducir una tecnología particular, en todas 
las esferas que interactúan con ella”. 
Basado en los trabajos de Hetman (1975), la tecnología se considera como 
un factor social que puede orientarse a fines deseables, y por lo tanto,  ya no es 
una variable independiente más del modelo macrosocial, sino una variable 
dependiente.i  
La identificación de los efectos o impactos  supone que la tecnología a 
evaluar ha sido ya aplicada  y sólo se pueden identificar efectos de causas que ya 
han sucedido, efectos de una tecnología ya aplicada. El criterio dominante es la 
evaluación de impactos por disciplinas. Asimismo, existe una corriente de 
pensamiento que plantea que los efectos o impactos también pueden ser 
predichos o previstos.ii 
La puesta en marcha de cada programa de avance tecnológico - o 
introducción, expansión o modificación de una tecnología, depende de una  
variedad  de decisores tanto en el  sector público como en el  privado,  y  en una 
variedad de niveles juridisccionales - local, estadal, regional  y  federal. Estos 
decisores funcionan como controles del programa esencialmente de dos maneras 
(Baram, 1973): 
 
− Controlando recursos (ejemplo de actores en esta función son: fuentes 
públicas y privadas de trabajo y financiamiento para investigación  y  
desarrollo; autoridades en uso de la tierra  y  recursos naturales; legislaturas 
nacionales  y  estadales, cuyos veredictos pueden ser esenciales para la 
disponibilidad de otros programas de recursos;  y  educadores quienes 
diseñan  programas de entrenamiento ). 
− Controlando los efectos perjudiciales (ejemplo de actores en esta función 
son: agencias, cortes regulatorias, gerentes de programas, compañías 
aseguradoras que brindan el rediseño de programas o productos para 
eliminar  o mitigar los efectos perniciosos específicos). 
 
Para desarrollar más este modelo, se incluyen algunas de las mayores 
influencias sobre los decisores quienes controlan desarrollos tecnológicos. Estas 
influencias incluyen información en cuanto a: disponibilidad de recursos, 
factibilidad técnica y económica, efectos actuales y potenciales, y valores 
operacionales - institucionales, los cuales están contenidos  en la ley común, 
legislación vigente, políticas socioeconómicas, políticas gerenciales institucionales 
y otros valores “dados” que han sido reconocidos y aceptados por los decisores 
desde el momento en que la decisión es tomada (en relación con un desarrollo de 
programas tecnológicos). (Baram, 1973) 
Completando este modelo, se consideran las dinámicas sociales de 
cualquier programa de avance tecnológico, específicamente las respuestas de los 
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de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
ciudadanos  y grupos  de intereses, organizados para percibir los requerimientos 
de recursos y  efectos de los programas. Las respuestas pueden ser  
manifestadas a través  de procedimientos institucionales para cambiar las leyes  y  
las políticas, influyendo en quienes toman decisiones, lo cual representa  un 
proceso largo que requiere la participación pública y generalmente puesta en 
marcha para poder influir sobre decisiones futuras. Las respuestas manifestadas a 
través de procedimientos institucionales, adverso - formales o informales para 
ejercer presión sobre los decisores pueden en el tiempo, estar tan difundidas y 
agregadas que serán incorporadas en el ordenamiento jurídico o formar las bases 
de una nueva gerencia de políticas o legislación, y de esta manera convertirse en 
parte de la matriz de valores operacionales e institucionales. (Baram, 1973) 
Aunque los sectores de la sociedad que responden adversamente a los 
efectos de un programa de avance tecnológico, no son democráticamente una 
mayoría al principio, una vez reforzadas sus respuestas por las cortes y 
legislaturas se convierten  en nuevas percepciones, nuevos “pedazos de verdad” 
que eran desconocidos, ignorados o ligeramente considerados por los decisores. 
Estas respuestas representan la influencia del mercado y la influencia política que 
pueden ser magnificadas mediante el uso de los medios de comunicación. 
Finalmente, como otro componente del modelo: una ciudadanía que expresa una 
diversidad de intereses es el modo más efectivo de promover la responsabilidad 
de los decisores en el completo contexto social en el cual opera o se desenvuelve 
la nueva tecnología  (Baram, 1973) 
Algunas veces, los decisores en el nivel institucional, han fallado en 
informar al público sobre las bases, criterios y riesgos de las decisiones, así como 
en proporcionar realimentación acerca de los más grandes acontecimientos 
sociales y  preocupaciones humanísticas, en un esfuerzo por promover objetivos 
institucionales de interés personal. La  toma de decisiones en instituciones tanto 
públicas como privadas, las cuales apoyan  programas tecnológicos y sus 
aplicaciones, está transformándose en más complicada y menos eficiente en el 
sentido institucional del corto plazo; pero podrían esperarse eficiencias a largo 
plazo, en términos de intereses sociales mayores, es decir, cuando se logren 
aglutinar los intereses de una mayoría representativa, y estos intereses puedan 
ser canalizados y considerados en el proceso de toma de decisiones. (Baram, 
1973) 
 
La Política de Equipamiento Militar en la IV y V República 
En la llamada IV República (1958-1998), las compras de armamento 
constituyeron los indicadores de la política gubernamental en materia de 
adquisición de material de uso bélico al no existir una decisión explícita sobre 
política  de equipamiento militar, y a diferencia de los países industrializados en 
donde la adquisición se hace a través de lineamientos de orientación estratégica, 
con políticas que determinan la estructura tecnológica militar dentro del marco 
general de Seguridad y  Defensa del país. En un trabajo de Müller Rojas (1986) 
sobre la formación de la política de equipamiento militar, aunque no de una 
manera explícita como ya se mencionó, se identifican analíticamente tres etapas: 
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de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
programación, ejecución y evaluación, que bien pudieran servirnos para estudiar el 
rol de estos actores.  
En primer lugar, la etapa de programación estaba caracterizada por una 
inadecuada formulación de alternativas en lo referente al material a adquirirse. 
Esta etapa, según  Müller Rojas (1986), estaba influenciada por la concepción 
ideológica del régimen democrático en el proceso de adquisición de armamento 
frente a posibles amenazas externas, lo cual había convertido a los Comandos 
Generales de Fuerzas en los entes decisores y no a aquellos legalmente 
participantes en el proceso, como corresponde a la Junta Superior de las Fuerzas 
Armadas, la cual armoniza los componentes institucionales intersectoriales con el 
Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, órgano que a su vez armoniza la 
conducta de los sectores de la administración pública que tienen relación con la 
seguridad del Estado. 
Seguidamente, existía una etapa de ejecución caracterizada por una falta 
de armonización interfuerzas militares (e intersectoriales en el área de seguridad) 
que presentaba una política de equipamiento desarticulada y desvinculada de una 
política nacional de Seguridad y Defensa integral, desviándose de los objetivos 
principales de la institución. No se incluía en esta etapa, la consulta a los 
organismos conjuntos militares como la  Junta Superior de las Fuerzas Armadas 
Nacionales  y  el Estado Mayor Conjunto (ni a organismos intersectoriales como el 
Consejo de Seguridad y Defensa y el Ministerio de Planificación y Desarrollo 
(CORDIPLAN) quienes perdían la capacidad de control convirtiéndose en 
inoperantes.  
Finalmente, la etapa de evaluación estaba caracterizada por una falta de 
sistematización en las demandas de las Fuerzas Armadas evaluándose los 
efectos de cada proyecto dentro de un programa dado y para cada fuerza en 
particular, no habiendo sinergia ni continuidad en dichos programas, muchos de 
los cuales se paralizaban totalmente. Müller Rojas, (1986) 
En la “Revolución Bolivariana” (1999-2008), las compras de armamento 
continúan siendo los indicadores de la política gubernamental en materia de 
adquisición de material de uso bélico, ya que tampoco existe una decisión explícita 
sobre política  de equipamiento militar. La etapa de programación ha estado muy 
influenciada por otra “concepción ideológica” perteneciente al régimen actual, en el 
proceso de adquisición de armamento frente a posibles amenazas externas. El 
propio Müller  Rojas, General en retiro y quien durante la Cuarta República ocupó 
el cargo de gobernador del Estado Amazonas e integrante del Grupo “Los 
Notables”; asimismo, es ahora asesor militar del Presidente Chávez y Vice-
Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y expone que las 
Fuerzas Armadas de 2008 no pueden tener los mismos objetivos de 1992. Según 
el propio Müller  Rojas (Navarro y Trombetta, 2008: 5), “el cuadro estratégico 
internacional ha cambiado radicalmente”; “ha entrado con una mayor dinámica un 
nuevo tipo de confrontación militar en el mundo, que obliga necesariamente a 
revisar los fines, objetivos y metas de las instituciones de defensa”. También 
defiende el alejamiento estratégico de la FAN con respecto a Estados Unidos: 
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Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
“Esa es la respuesta a un cambio estratégico que sucedió a partir del 11 de 
septiembre de 2001, cuando Washington declaró una guerra unilateral e ilegal a 
un enemigo virtual que llama terrorismo, con el fin de controlar el mercado 
petrolero internacional”. En cambio, el acercamiento del Presidente Chávez a las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, no le parece algo 
novedoso: “esa idea de que tradicionalmente la guerrilla colombiana haya sido 
enemiga de la Fuerza Armada Venezolana no es cierta” (Navarro y Trombetta, 
2008:5). Sobre las etapas de ejecución y evaluación, habría que preguntarse si en 
la Revolución Bolivariana ha desaparecido la desarticulación y desvinculación del 
equipamiento militar con una política nacional de Seguridad y Defensa integral, y 
el desvío de los objetivos principales de las Fuerzas Armadas. 
Durante la Cuarta República, se había trabajado con un Plan Global de 
Adquisiciones que no tomaba en cuenta los cambios estratégicos, políticos y 
económicos que acontecían en el país, tan sólo se tomaban en cuenta 
contingencias como la relacionada con la incursión de la Corbeta Caldas en aguas 
del Golfo de Venezuela en 1987. Durante la Revolución Bolivariana no existe 
como tal, un Plan Global de Adquisiciones, pese a que se viene hablando de una 
posible “guerra asimétrica” contra potencias extranjeras (se habla de una hipótesis 
de conflicto con EEUU, en la que se considera una posible invasión de tropas 
estadounidenses a Venezuela), así como de otras “guerras de cuarta generación”. 
Como ejemplo, podría citarse la movilización de tropas a la frontera colombo-
venezolanas ordenada por el Presidente Chávez, en el contexto del reciente 
conflicto diplomático Colombia-Ecuador (Trombetta, 2008a:2), en las cuales la 
cantidad de las tropas y no su calidad haría la diferencia en cuanto al éxito en las 
operaciones militares, todo lo contrario a la realidad mundial, en donde la 
tecnología militar y su grado de sofisticación, constituye la ventaja en el éxito de 
las operaciones. 
 Durante la Cuarta República, no existía una política de mantenimiento 
complementaria la cual afectaba la capacidad operativa de la institución armada. 
En la Revolución Bolivariana, continúa esta carencia, aunque se  han enviado 
contingentes de oficiales militares a Bielorusia, a ser capacitados en los Sistemas 
de Armas rusos actualmente adquiridos. En el trabajo de Ochoa (2008:8), se 
presentan algunos efectos de la falta de esta política de mantenimiento 
complementaria, a raíz de la reciente movilización de “10 Batallones” de tropas a 
la frontera colombo-venezolana, y su conjunto de debilidades en caso de 
generarse una confrontación bélica, las cuales han sido mejor documentadas en el 
presente trabajo:  
a) El Sistema de aerotransporte militar de la FAN está compuesto de 7 
Lockheed C-130H Hércules, pero ninguno está operativo. La manifiesta intención 
del gobierno  de “pulverizar el imperio capitalista” ha bloqueado repuestos y planes 
de modernización tecnológica. Para sustituirlos, se está negociando con Rusia la 
adquisición de aviones de transporte Antonov modelo 76 cuyos fabricantes están 
en quiebra, 
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Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
 b) Las aeronaves F-16 están convertidas en chatarra por las disputas con 
EEUU. Sus sustitutos, los aviones caza Sukhoi-30 adquiridos a Rusia en julio 
2006, según Ochoa (2008:8): “no representan, por lo pronto, ningún peligro ni para 
Colombia, ni para Estados Unidos. Después de estar inmersos en la cultura 
tecnológica occidental por décadas, el súbito y radical cambio, no es suficiente 
para la adaptación de nuestros pilotos”. A este respecto, algunos piensan que “ese 
rearme es, al mismo tiempo, ‘un desarme’ porque, al surtirse en los abarrotados 
arsenales de Moscú, Venezuela se ‘desarma’ progresivamente de la tecnología 
militar norteamericana”. (El Porvenir, 23-06-2007:1) 
c) La flota de aviones Falcón 20, de la Fuerza Aérea Venezolana están en 
buena parte, siendo repotenciados, incluyendo el piloteado por el Comandante 
General de la FAV.(Barráez, 2008:14)  
d) Los submarinos U-209, Caribe (S-32) y Sábalo (S-31) están varados 
desde hace años en los astilleros de DIANCA, porque un oficial decidió que este 
astillero tenía la “tecnología endógena” para modernizarlos junto con unas 
cooperativas bolivarianas y prácticamente los destruyeron. Representantes del 
fabricante Howaldtswerke de Alemania visitaron DIANCA para examinarlos y 
concluyeron que no podían certificarlos por inservibles, lo que ha obligado a 
negociar nuevos submarinos con Rusia. (Ochoa, 2008:8) 
e) Pese a la repotenciación de algunas de las fragatas misilísticas Clase 
Mariscal Sucre de la Armada, adquiridas en 1975, algunas no están operativas. 
Los buques de apoyo: Bolívar, Oceanográfico y remolcador de altura tienen una 
disponibilidad sólo de 36%, pese a haber recibido mantenimiento mayor en 
Alemania entre 1989-1993. De 10 helicópteros, funcionan 10; de 17 aviones, sólo 
funcionan 11; no se consiguen repuestos. (Romero y Romero, 2002:6) 
Johnson, experto de la fundación Heritage (en Ocando, 2006:1), aseguró 
que dado el historial de Venezuela de adquirir armamento para reemplazo sin 
preocuparse por el mantenimiento, cualquier nuevo armamento que adquiera, 
corre el riesgo de perder su operatividad. Asimismo, se añade el hecho de que 
importantes puntos del sistema de defensa de Venezuela se encuentran ahora 
vulnerables por falta de repuestos y servicios, mientras a la administración 
chavista se le hace cada vez más difícil adquirir tecnología militar de punta, 
principalmente de proveedores en el Hemisferio Occidental. Venezuela 
experimenta las consecuencias de una política de presión que el gobierno 
estadounidense está aplicando para restringir el acceso del gobierno de Hugo 
Chávez a tecnología militar de avanzada. Hasta ahora, media docena de los más 
importantes fabricantes y proveedores militares del mundo, incluyendo Suecia e 
Israel, han bloqueado exportaciones de equipo, tecnología y servicios destinados 
a la FAN, como producto de la presión norteamericana. A la lista podrían añadirse 
otros países como Italia, Holanda e Inglaterra, importantes socios de EEUU en la 
lucha global contra el terrorismo que comparten intereses comunes.  
Por otra parte, la empresa rusa Roxoboronexport, vendedora de los Sukhoi, 
ha sido acusada de vender aviones de combate de segunda mano a Argelia, Siria 
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y Venezuela, según la publicación suiza Military Procurement Internacional (El 
Universal, 21-02-2008:1/5) . En su escrito titulado “Roxoboronexport vende 
carnero disfrazado de cordero”, la publicación suiza menciona que la Fuerza 
Aérea Venezolana “ha descubierto, para su consternación, que los Sukhoi-30 
entregados a la fecha, han venido de los lotes que previamente había rechazado 
el Estado Mayor de China”…”La aviación venezolana está exigiendo una 
explicación” (El Universal, 2008:1-5).  
 
Actores  que intervienen en la Política de Equipamiento Militar y sus roles  
a) Actores Nacionales: El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo 
Durante la Cuarta República, se carecía de una posición constitucional que 
definiera claramente el rol del Presidente de la República en cuanto a su actuación 
frente a hechos relacionados con la adquisición de equipamiento militar, 
supeditando las decisiones en este asunto, a la condición constitucional del 
Presidente de la República, como Comandante en Jefe de la FAN. Si bien la 
intervención del Presidente se efectuaba con un carácter dual: Jefe de Estado y 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, su rol en el diseño e 
implementación de las políticas de equipamiento militar no se aprecia de una 
manera directa; pero es él quien finalmente refrendaba todo lo aprobado por el 
Congreso Nacional (hoy Asamblea Nacional) en esta materia, una vez que la 
Comisión de Defensa del Congreso presentaba su informe y se debatía sobre su 
contenido entre los demás miembros. Quizás lo más relevante no era el proceso 
de aprobación en sí sino el hecho que la intervención presidencial muchas veces, 
se tornaba directa cuando se intenta disminuir rumores y suspicacias que  
generaban los procesos de adquisición en algunos sectores de la opinión pública 
(Müller Rojas, 1992b:296). 
Lo anteriormente planteado refleja la falta de una posición constitucional 
que definiera claramente el rol del Presidente en cuanto a su actuación frente a 
hechos relacionados con la adquisición de equipamiento militar. Como ejemplo 
ilustrativo de esta carencia, se tiene el caso de la repotenciación de los tanques 
AMX-30, estudiado por Ramos (1998:30-39), cuando el Congreso solicitó al 
Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, para que interviniera en calidad 
de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales y designara una 
comisión de expertos no vinculados a las partes en conflicto (el para entonces 
Ministro de la Defensa Fernando Ochoa Antich y la empresa Van Dam), para 
evaluar la capacidad real de los tanques, así como alternativas y costos 
involucrados para ser usados en el Ejército.  
En la Revolución Bolivariana, continúa la falta de una posición 
constitucional que definiría claramente el rol del Presidente de la República en 
esta materia. Así se puede observar, como el Presidente Chávez, aprovechando 
sus visitas recurrentes a Rusia, sella contratos de adquisición de armamento: en 
2004, cerró un contrato de compra de 100.000 fusiles de asalto Kalashnikov 
AK103 y de helicópteros; en julio de 2006, cerró en Moscú, varios acuerdos con 
Rusia con el fin de renovar el arsenal militar venezolano (El Nacional, 2006: A/10). 
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Por otra parte, el hecho mismo de anunciar públicamente la movilización de tropas 
hacia la frontera colombo-venezolana, en su programa dominical Aló Presidente 
N° 306, transmitido el 2 de marzo de 2008 desde la Plaza Caracas, fue 
ampliamente cuestionado por revelar públicamente el potencial uso de los 
cazabombarderos rusos Sukhoi, ante una posible incursión del Ejército 
colombiano en Venezuela. Este importante aspecto sobre una posición 
constitucional que defina claramente y regule el rol del Presidente en cuanto a su 
actuación frente a hechos relacionados con la adquisición de equipamiento militar, 
no fue considerado dentro de la pasada Reforma Constitucional sometida a 
consulta el 2 de diciembre de 2007. 
En la Cuarta República, existían factores tales como la ignorancia de los 
parlamentarios en materia de defensa, los cuales impedían la evaluación de la 
eficacia de los recursos empleados en la defensa. El entonces diputado Bernardo 
Álvarez y ahora Embajador de Venezuela en EEUU, atribuía la imposibilidad del 
Congreso de la República de establecer prioridades en referencia al presupuesto 
de defensa entre otras razones, a la ignorancia de los parlamentarios en materia 
de defensa: 
 
El papel pasivo del congreso en los gastos de defensa es 
consecuencia de su papel secundario en la formulación y control de 
la política de defensa. En efecto, nuestros parlamentarios no han 
desarrollado una capacidad autónoma para obtener información, 
recurrir a opinión experta, fiscalizar y desarrollar análisis propios. 
Normalmente, se recurre a pedir información a la misma institución 
que se pretende controlar, en un evidente contrasentido. El trabajo 
parlamentario,  tal como lo demuestra la evidencia en Venezuela, 
se limita  a solicitar una justificación del gasto en el caso de dudas, 
sin ninguna posibilidad de tener información independiente para 
poder contrastar las informaciones suministradas  por las fuerzas 
armadas. (Álvarez, 1998:2) 
 
Álvarez (1998) también revela que el hecho de que estos factores restaran 
probabilidad para la evaluación de la eficiencia y eficacia de los recursos 
empleados en la defensa, reforzaban también la práctica legislativa de renunciar a 
la evaluación. Por otro lado, la ausencia de una clara política de Estado forzaba 
los cambios por la vía de los hechos, con efectos no controlables y poco 
deseables, tanto a lo relativo a los niveles de apresto operacional como en lo 
relativo al desconcierto y frustración al interior de la institución del Estado, el cual 
reproducía sus indefiniciones en vez de promover los cambios necesarios. El 
diputado Álvarez  también enfatizaba la necesidad de considerar cambios en el 
nivel del sistema político y de las relaciones entre civiles y militares para 
emprender cualquier proceso de transformación del papel del Congreso de la 
República en cuanto a política de defensa y para disminuir los intereses partidistas 
en el desarrollo de dicha política. 
Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales 49
de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
Puede apreciarse de lo antes expuesto, que en materia de equipamiento 
militar, ni el Ejecutivo Nacional, ni el Congreso de la República demostraban un 
interés particular por erogar leyes o decretos sobre lineamientos de políticas de 
adquisición, de evaluación o de control de recursos, por lo cual se deduce que el 
rol de estos actores nacionales, más que un rol "activo" que muestre un grado de 
compromiso en esta materia, se trataba de un rol de "influencia" en los procesos 
mismos de toma de decisiones en materia de adquisición del equipamiento militar. 
En la Revolución Bolivariana, se profundizan los factores que obstaculizan 
estas evaluaciones. Existe prácticamente una subestimación de estas 
evaluaciones por la Comisión de Defensa y de la Asamblea Nacional en general, 
debido a los vaivenes políticos y lineamientos expresados por y desde el 
Ejecutivo. Habría que investigar, por una parte, el grado de conocimiento de los 
actuales diputados en materia de defensa, y por otra, el grado de subordinación de 
estos diputados a las decisiones del Ejecutivo Nacional. De manera ilustrativa, se 
cita el caso del rechazo del Presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de 
la Asamblea Nacional, diputado Rafael Gil Barrios, a las denuncias hechas por un 
ex miembro de las FARC, a la Revista SEMANA de Colombia, según las cuales 
miembros de la FAN han hecho alianzas con sectores de este grupo irregular e 
incluso, han provisto armamento. A juicio de este diputado, los señalamientos: 
“forman parte de la campaña de descrédito y amedrentamiento hacia Venezuela. 
No hay dudas de que la FAN tiene claramente definido su compromiso con el país 
y con la defensa de nuestra soberanía” (Neder, 2008:2). Gil Barrios subrayó que el 
parque de armas está bien resguardado y no permite desvíos como se ha 
señalado. Advierte que quien tenga pruebas sobre la presunta vinculación de 
militares venezolanos con irregulares, debe presentarlas, especialmente el 
armamento, con sus respectivos seriales. 
 Como puede observarse, se asegura que no hay posibilidad de desvíos de 
armamentos, y por otra, se admite la posibilidad de que alguien presente pruebas 
sobre estas sustracciones al parque de armamento. Para algunos detractores de 
las compras de armas, estas últimas se están llevando a cabo con escasa 
participación o discusión por parte de la Asamblea Nacional, que le permite al 
Presidente Chávez gobernar por decreto. (El Nuevo Herald, 2007: 2). De esto 
puede inferirse, que el rol pasivo de la Asamblea recuerda el rol del Congreso de 
la Cuarta República, en esta materia del equipamiento militar. 
 
b) Los Partidos Políticos 
Durante la Cuarta República, los partidos políticos como actores 
subnacionales, habían confundido las misiones del componente militar con tareas 
administrativas, policiales y paramilitares aumentado la contradicción entre el 
militar profesional tradicional y la organización militar tecnológica y especializada. 
Precisamente, esta afirmación anterior está relacionada con el rol de los partidos 
políticos en materia de compra y adquisición de armamento. Este es un rasgo que 
determina el carácter de las relaciones cívico-militares en los últimos años y en 
donde “el militar pierde injerencia en asuntos para él de gran valor como políticas 
de fronteras, planificación y crecimiento de industrias básicas, producción de 
Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales 50
de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
alimentos, producción de equipamiento militar y sobre todo aquellos asuntos que 
de alguna manera tienen que ver con el desarrollo del país” (Machillanda, 1988: 
178). 
En la Cuarta República, en lo referente a la modernización de las Fuerzas 
Armadas Nacionales, Müller Rojas (1986:30), hacía algunas críticas sobre el 
hecho de que el poder político incrementaba su influencia en la estructura militar 
satisfaciendo compras de sofisticados sistemas de armas en un intento de dar una 
respuesta positiva del sistema que pretende apoyar de esta manera particular al 
sector militar.  Es de esta forma como se habían justificado en el período 
democrático,  la adquisición de fragatas misilísticas, cohetería, artillería auto-
propulsada, aviones Palas, sistemas de comunicaciones, informática, sistemas de 
armas de bombardeo y de interdicción. Para Müller Rojas (1986), los partidos 
políticos AD y COPEI que básicamente dominaron las instituciones 
gubernamentales como el Congreso Nacional, habían mantenido un acuerdo tácito 
de no interferir la política militar que desarrollaba la Presidencia de la República, 
cuyo acuerdo empezó a deteriorarse durante el gobierno de Luis Herrera Campins 
(período 1979-1984) cuando se discutió a nivel político, y con la opinión pública de 
por medio, sobre las adquisiciones militares más importantes para aquella fecha: 
las fragatas misilísticas y los aviones F-16. (Müller Rojas, 1992b: 194-198) 
Durante la Revolución Bolivariana, el rol de los partidosde  políticos 
tradicionales (AD, COPEI, MAS) en lo relativo al equipamiento militar, se ha 
reducido en la medida en que ellos ya no integran instituciones como la Asamblea 
Nacional (compuesta mayoritariamente por el llamado Polo Patriótico: MVR, 
PODEMOS, PPT, Partido Comunista), tampoco controlan otras instituciones. Sin 
embargo, la confusión del componente militar ha sido incrementada por nuevos 
conceptos con fuerte contenido ideológico y de difícil comprensión por gran parte 
de la oficialidad, tales  como “guerra asimétrica” o “guerra popular de resistencia”, 
“Socialismo del Siglo XXI”, “binomio Ejército-Pueblo”, entre otros. Como ejemplo, 
puede citarse la dificultad recurrente del Comando de las Escuelas del Ejército, 
para integrar estos conceptos mencionados en su currícula educativa. Se pudo 
observar como la Reforma Constitucional que fue rechazada en el proceso 
electoral de diciembre de 2007, daba nuevas connotaciones a la Fuerza Armada 
(ahora en singular), para definirla como “Bolivariana”, “Socialista” o 
“Antiimperialista”, con nuevas asignaciones y tareas diferentes a las 
desempeñadas por una organización militar tecnológica y especializada, y bajo el 
eslogan de “Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos”, utilizados por fuerzas 
revolucionarias de otros países. El General Alberto Müller Rojas, otrora crítico de 
la penetración de los partidos tradicionales en el componente militar, es 
actualmente el Vice-Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
bajo el mando del  Presidente Hugo Chávez quien es la máxima autoridad del 
partido. Asimismo, en el punto 6 del programa contenido en el dossier de 24 
páginas que reúne los anteproyectos de estatutos del PSUV, se señala que los 
militantes de ese partido deben crear “la alianza con la Fuerza Armada, la 
organización de las milicias, la organización de los comités de defensa en los 
consejos comunales en conjunto con los cuerpos de reserva, la aplicación de los 
Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales 51
de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
principios de defensa militar integral y la guerra popular de resistencia” (Lugo-
Galicia, 2008:3). Esta alianza PSUV-FAN, ha sido criticada debido a la penetración 
doctrinaria en el seno de la FAN, y vista como una “nueva politización” de los 
militares por los partidos de turno que ostentan el poder.  
 
c) Las Organizaciones Militares 
En la Cuarta República, las organizaciones militares no han intervenido de 
una manera coherente en la adquisición, contratación y negociación de tecnología 
militar sino a través de componentes funcionales en las etapas de programación, 
ejecución y evaluación de una política no explícita sobre estos procesos. Este 
actor ha sido estudiado con mayor profundidad, por el autor de este artículo en 
otros trabajos (Ramos, 2002a). Existía desconcierto y frustración al interior del 
Estado el cual reproducía sus indefiniciones al interior de la Fuerza Armada 
Nacional, en vez de promover los cambios necesarios. Müller Rojas (1986), 
también revela que en lo referente a la participación de la Fuerzas Armadas en los 
procesos de equipamiento militar, este actor no había intervenido de una manera 
coherente sino a través de sus componentes funcionales en las etapas del 
proceso anteriormente descritas, donde se incentiva la competencia interfuerzas 
por los recursos financieros con la consecuente división de la cúpula militar en 
función de los intereses generados en cada uno de los subsectores 
correspondientes.  
Como caso ilustrativo, se reseña (Ramos, 1998) que en la etapa de diseño 
del plan general de desarrollo del sector militar para 1997-2007, existían 
discrepancias sobre la orientación del gasto militar en cuanto a esta competencia 
interfuerzas por los recursos financieros. Müller Rojas (1986) argumenta que el 
hecho de que el Ministro de la Defensa (quién por las Leyes Orgánicas de las 
Fuerzas Armadas y de la Administración Central, tiene facultades para decidir en 
materia de adquisiciones) dependa de la Presidencia de la República, subordina 
su participación en estos procesos, lo cual incentiva el conflicto polarizado inter e 
intrafuerzas. El proceso  expuesto en el marco legal que regula la negociación, 
adquisición y contratación de tecnología militar, está expuesto en el trabajo de 
Ramos (1998:19), referido al Decreto 175 de la Presidencia de la República del 27 
de junio de 1984, el cual concede un enorme poder al Presidente de la República 
quién designa a todos los entes involucrados en el proceso: Contralor General de 
la FAN, Ministro de la Defensa, Ministro de Hacienda, Consejo de Ministros, y 
otros.  Esto se incrementaba con un “pacto tácito” de rotatividad del Ministro de la 
Defensa, correspondiendo el cargo a un representante de fuerzas diferentes de 
una manera alterna. 
En la Revolución Bolivariana, también las indefiniciones son cada vez 
mayores. Por ejemplo, se da el caso de la paralización de las Escuelas del Ejército 
por un largo tiempo (más de un año), para la incorporación del concepto de 
“guerra asimétrica” en los pensa de estudio de estas escuelas; para luego darse 
cuenta de que no era posible  este proyecto sin una discusión sobre el significado 
y viabilidad del término. No se mantiene el “pacto tácito” de rotatividad en la 
alternabilidad del Ministerio de la Defensa, correspondiendo el cargo a civiles 
Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales 52
de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
como José Vicente Rangel o a militares retirados como el General  Pietro Silva, 
del Ejército. En estos casos, se valora más la fidelidad para con el Presidente 
Chávez, de quien ocupa el cargo, que el componente de la FAN al cual pertenece 
el Ministro, o su antigüedad. En este período, los requerimientos financieros para 
la adquisición de Sistemas de Armas continúan siendo determinados por cada 
fuerza sin la debida sinergia. Aún así, se supeditan las demandas sobre las 
adquisiciones al parecer del Presidente Chávez, disminuyendo en cierto grado la 
competencia interfuerzas. La burocracia en la negociación, contratación y 
adquisición de tecnología militar debiera reducirse, en cuanto las decisiones son 
más dependientes del Ejecutivo que de las instituciones constitucionalmente 
designadas para la ejecución de estos procesos de negociación, contratación y 
adquisición. El poder del Presidente de la República se intensifica. Ahora se 
ejecuta sin pasar por estas instancias aprobatorias para la ejecución de estos 
procesos de negociación, contratación y adquisición. El proyecto de Reforma 
Constitucional recientemente llevado a Referendo, el cual fue rechazado por 
votación popular, incrementaba el poder presidencial en este sentido. 
 
d) Los medios de comunicación de masas y la opinión pública 
Durante la Cuarta república, estos actores afectaban el proceso de toma de 
decisiones en lo que respecta al control tanto de recursos como de los efectos 
perniciosos de cualquier programa específico de avance tecnológico. Este rol ha 
sido  ampliamente estudiado por Ramos (2002b) en el contexto de las 
adquisiciones de armamento. Diversos autores en Venezuela, (Daniels, 1992) 
(Müller Rojas, 1992a); Godoy, 1982); (Kornblith et al, 1996) conceden gran 
relevancia al hecho que se debata públicamente sobre la selección y tipo de 
armamento, sus procesos (y la pulcritud de los mismos) a través de los cuales se 
concretan los compromisos para adquirir y negociar los equipamientos militares. 
También se le concedía una gran responsabilidad tanto a la opinión pública como 
a los medios de comunicación a la par que al Congreso Nacional, como instancias 
de vigilancia de las negociaciones militares (Kornblith et al., 1996). Según Godoy 
(1982:133): “Los medios de comunicación social constituyen la reserva del poder 
en cuya tribuna social los ciudadanos pueden impedir que los gobernantes sigan 
siendo los destructores del sistema democrático, y de la economía en particular”. 
Contrariamente a lo expresado por los autores en Venezuela, Entman 
(1989) argumenta que el comportamiento de los medios está en función de sus 
interrelaciones con élites de intereses y público políticamente sin sofisticación; 
para este autor "esperar que los medios sirvan como motor para la democracia es 
irreal porque ignoran la interdependencia entre los periodistas con el público y con 
los que hacen las políticas". Para construir un campo coherente de 
comunicaciones políticas, la investigación que se ha propuesto en el contexto 
venezolano, descansaría justamente en el estudio de la relación de 
interdependencia de los medios de comunicación, las masas y las dinámicas 
políticas en la elaboración de políticas. (Ramos, 2002b) 
La relación entre lo que se ha planteado y el modelo teórico-conceptual de 
Baram, se basa en el hecho investigado del impacto de los medios, en lo que el 
Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales 53
de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
público aprende sobre los acontecimientos y sobre cuáles estándares y criterios 
son usados por los medios para cambiar juicios y formar actitudes en 
concordancia con lo expresado por Jacobs y Shapiro (1996:10-20). A estos juicios 
y actitudes, se le añade el cambio de valores operacionales e institucionales, 
como producto de las respuestas del ciudadano a este impacto, tal  como lo 
contempla el modelo.  
También un problema que atentaba contra el flujo de información sobre los 
avances tecnológicos - en este caso los avances relacionados con la tecnología 
militar - trata con la manipulación en la información y las prácticas secretas. En 
este estudio, el secreto militar relacionado con la seguridad militar ha sido el 
epicentro de la fricción entre los medios de comunicación social y los líderes 
militares por lo cual algunos autores conocedores del medio castrense como 
Daniels (1992:127-129), establecen algunas premisas para la orientación 
profesional tanto de comunicadores sociales como de los oficiales y promueven la 
importancia del estudio de la comunicación social para la oficialidad que lideraba 
los cambios. 
Relacionado con lo anterior, Rincón (1996:155-158) establece que al 
margen del entendimiento que pueda existir entre los propietarios de los medios  y 
la élite militar, la opinión pública demanda el conocimiento de los asuntos 
clasificados como secretos: niveles de operatividad de las unidades de combate, 
características de las instalaciones (cuarteles, bases), planes operativos, análisis 
sobre hipotéticos conflictos y objeto de nuestro estudio: las innovaciones técnicas 
operando o en proceso de investigación. Asimismo, se advierte (Rincón, 
1996:155-158); (Kornblith et al., 1996:269) sobre el hecho relacionado con la 
intervención de la opinión pública, los medios y el Congreso en el control 
democrático sobre las decisiones que afectan el colectivo, la cual está poco 
regulada y propende al peligro en cuanto cualquier individuo o parcialidad 
(partidista, empresarial, militar) puede incidir tendenciosamente, y a su favor, en 
las decisiones que afectan el interés público. Existía en este período una 
proliferación de artículos periodísticos y de programas de radio y televisión sobre 
los procesos de adquisición, negociación y contratación de la tecnología militar, lo 
cual influía sobre la opinión pública, desvirtuando el “secreto militar” y aumentando 
la percepción de los ciudadanos sobre el tema del equipamiento militar, como 
importante.  
En la Revolución Bolivariana, pese a que lo revelado por Godoy sobre los 
medios como instancias de vigilancia, tiene dos décadas, este mensaje al parecer, 
se hace pertinente cada vez más ante el desafío público amenazante del 
Presidente Hugo Chávez a los medios radioeléctricos e impresos, acusados por 
éste, de tergiversar las políticas de la Revolución Bolivariana. El cese de la 
concesión de un rango del espectro radioeléctrico a Radio Caracas Televisión, 
estación de televisión pionera en Venezuela, fue tomada por algunos como una 
represalia por parte del gobierno por las posiciones editoriales de la estación; 
independientemente de ello, este hecho obligó a reflexionar sobre las 
consecuencias para los medios de comunicación, de mostrar las debilidades del 
gobierno, y en el caso de algunas emisoras, a imponerse cierta “autocensura”.  
Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales 54
de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
Las relaciones entre la Fuerza Armada y los medios de comunicación social 
se han hecho más difíciles en este período. Como ejemplo ilustrativo, se menciona 
la declaración del Ministro de Defensa Gustavo Rangel Briceño ante la reciente 
movilización de tropas a la frontera colombo-venezolana, ordenada por el 
Presidente Chávez, criticando a los medios de comunicación por querer informar 
con mayor profundidad sobre este hecho. Para Rangel Briceño, los medios “han 
tenido una actitud antipatriótica”…”pareciera de verdad una intención de informar a 
quienes están del otro lado” (Trombetta, 2008b:4). Al parecer, el secreto militar 
relacionado con la seguridad militar continúa siendo el epicentro de la fricción 
entre los medios de comunicación social y los líderes militares. Los periodistas de 
los medios no oficiales, no tienen acceso a las instalaciones militares, se les hace 
más difícil el acceso a la información desde fuentes militares; paralelamente, la 
agenda de los medios de comunicación social ha concedido mayor relevancia a la 
noticia política, por lo cual la cobertura sobre los procesos de adquisición, 
negociación y contratación de la tecnología militar es más restringida. 
 
e) Los centros tecno-científicos (grupos de investigación, universidades e institutos 
de investigación) 
Como objetivos de este actor subnacional,  están las funciones de servicio 
para el sector civil, tanto público como privado, y el sector militar, en la búsqueda 
de nuevos conocimientos, técnicas y productos. Como un caso que caracteriza a 
la región latinoamericana, son pocas las experiencias significativas donde pueda 
apreciarse una efectiva orientación de las actividades científico-tecnológicas hacia 
fines militares (Lemoine y Requena, 1986).  Estos autores argumentan que como 
prueba de tal afirmación está la ausencia de alguna referencia a la investigación 
con fines de defensa en los diferentes planes de desarrollo científico 
latinoamericano. 
En Venezuela en particular, durante la Cuarta República, hubo algunos 
esfuerzos interesantes en materia de investigación y desarrollo con fines militares 
dentro de los centros de la Fuerza Armada; pese a esto, existió apenas una 
vinculación muy incipiente entre éstas y algunas instituciones docentes y de 
investigación civiles del país. No había una “política de investigación en ciencia y 
tecnología con fines militares”, hecho reflejado en los Planes Nacionales de 
Ciencia y Tecnología y en los capítulos referidos a Ciencia y Tecnología en los 
planes de la Nación, donde no se incluían estrategias de investigación en esta 
materia, ni la existencia de vinculación efectiva entre el “sector” Ciencia y 
Tecnología y el sector de Seguridad y Defensa, encaminada a  evitar el alto nivel 
de dependencia tecnológica existente originado por los modernos sistemas de 
armas adquiridos por las Fuerzas Armadas para velar por la Soberanía Nacional. 
 En referencia a las estrategias de investigación, cabe resaltar que el tema 
de Ciencia y Tecnología relacionado con la Seguridad y Defensa era el tópico 
menos investigado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, 
IAEDEN (Segnini, 1994). La gerencia de tecnología y transferencia de tecnología 
eran temas marginales (aunque relevantes a los fines de Seguridad y Defensa) en 
las investigaciones de la Escuela Superior de Guerra Naval, Escuela Superior de 
Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales 55
de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
la Fuerza Aérea, Escuela Superior del Ejército y en el Centro de Postgrado de la 
Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA, antes 
IUPFAN). Se hizo un intento por establecer algunos lineamientos al respecto, en  
una mesa redonda coordinada por CONICIT sobre Ciencia, Tecnología e Industria 
Militar, como parte del Seminario Internacional "La Globalización, Modelos de 
Seguridad y la Función de las Fuerzas Armadas en el Siglo XXI", en febrero de 
1998. Esta iniciativa no prosperó. 
Se hicieron propuestas sobre un "modelo de vinculación intersectorial: 
científico-tecnológico, productivo-industrial y militar-defensivo" (Lemoine y 
Requena, 1986), propuestas sobre la incorporación de la Fuerza Armada Nacional 
al Sistema Nacional de Innovación  (Cilento, 1993),  y para el caso particular del 
Ejército (Ramos y Ramos, 1998). Para Mac Kenzie (en Smit, 1993: 396-404), el 
curso del desarrollo de la tecnología militar es el resultado de muchos cambios 
tecnológicos. Estos cambios, no son realizados por un simple actor sino que 
emerge de procesos de interacción entre muchas organizaciones e individuos. 
Este es precisamente un “punto de convergencia” de todos los modelos de 
vinculación. Quizás la parte más interesante del modelo de Lemoine y Requena 
(1986) la constituyen los objetivos a mediano plazo, en donde se determina la 
importancia de la transferencia de tecnología y la importancia de adaptar e innovar 
a través del perfeccionamiento técnico de los productos y la producción-ensayo de 
prototipos.  Este modelo contemplaba, en el largo plazo, la manufactura de 
insumos novedosos a través de un proceso de innovación industrial basado 
lógicamente, en el alcance de los objetivos inmediatamente anteriores. 
Sobre la pertinencia y ventajas de desarrollar un modelo como el propuesto 
por Lemoine y Requena, Müller Rojas (1986) alerta también que esto tiene un 
efecto significativo en relación a la manera de insertar a la institución militar en la 
sociedad.  El autor argumenta que una política de equipamiento militar que 
incluyese el desarrollo de las infraestructuras logístico-industriales y de las 
superestructuras educacionales, no solo conllevaba al incremento de la 
vinculación con las comunidades productivas y científicas para el logro de 
intereses comunes a estos sectores, sino que elevaría el nivel de autonomía 
nacional. La creación de una comisión técnica para dilucidar el caso de la 
repotenciación de los tanques AMX-30, caso estudiado por Ramos (1998), 
involucrando a varios actores sociopolíticos, representa un intento “integrador” 
alrededor de un programa de avance tecnológico militar, incrementándose las 
relaciones FAN-sociedad. Algunos analistas consideraban que, casos como la 
repotenciación de los tanques AMX-30 y otros, llevados al ámbito público y 
producto de la relación de miembros de la FAN con organizaciones civiles, vigoriza 
al sistema democrático de nuestro país. 
Durante la Revolución Bolivariana, pese al gasto destinado al equipamiento 
militar, no existe una política de investigación en ciencia y tecnología con fines 
militares, como puede observarse su ausencia en el Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2005-2030, en los lineamientos generales del Plan de Desarrollo 2001-
2007 y en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. El tema de 
Ciencia y Tecnología relacionado con la Seguridad y Defensa continúa siendo un 
Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales 56
de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
tópico poco investigado. A esto se añade la falta de una integración apreciable así 
como de planes factibles de cumplir entre la FAN y la industria local, lo cual 
vulnera la capacidad tecnológica de la FAN para obtener un apoyo de la industria 
local, en el caso de una movilización nacional, a causa de un conflicto armado o 
de un plan de requisición.  
Estas carencias caracterizaron a la Cuarta República;  pero a casi diez años 
del actual gobierno, con un ingreso de enorme proporción por concepto de venta 
del petróleo, no se ha podido mitigar esta problemática, con la pérdida de 
oportunidades para crear una industria local de fabricación de armamento. Sin 
embargo, con la compra a Rusia en 2006 de unos 30.000 fusiles Kalashnikov 
rusos y los primeros helicópteros de la misma procedencia, se tiene la intención de 
crear una fábrica de fusiles de este tipo, a través de un “joint venture” con la 
empresa rusa que los produce. Esta asociación estratégica es una "modalidad 
innovativa" en la fabricación de armas venezolanas, según Müller Rojas (en Griffin, 
2006:1), porque nunca antes este país se asoció para la transferencia de 
tecnología en el área militar, y sus antecedentes en fabricación de armamento 
fueron con tecnología propia, como en el caso del primer vehículo militar 
desarrollado en los años 60 y que se denominó Sargento. Más allá de Rusia, 
Venezuela también está considerando una empresa conjunta con Irán, su aliado 
más cercano fuera de América Latina, para construir una aeronave patrulla que 
sería pilotada mediante un control remoto (El Nuevo Herald, 2007:2) 
Por ahora, la industria nacional bélica continúa reduciéndose a la Compañía 
Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), creada en 1976, la cual 
presentaba un apreciable grado de competencia en las actividades de desarrollo, y 
había demostrado tener capacidad para transferir y adaptar tecnologías; aunque 
se circunscribiera tan sólo a la producción, ensamblaje y mantenimiento de 
insumos de baja tecnología (Lemoine y Requena, 1986).  
En el presente período de la Revolución Bolivariana, se tienen algunos 
logros de integración entre diferentes actores: Universidad Nacional Experimental 
de la Fuerza Armada (UNEFA), la Compañía Anónima Venezolana de Industrias 
Militares (CAVIM), y el Componente Ejército de la Fuerza Armada Nacional, 
alrededor de un proyecto tecnológico, como es el desarrollo y fabricación del 
vehículo Tiuna. Este esfuerzo conjunto originó el Proyecto “Continente de los 
Colores”, como iniciativa cívico-militar, el cual consiste en el recorrido terrestre de 
32.000 Kms. a través de 10 países del continente americano, para interactuar con 
90 comunidades de organizaciones sociales. Se contempla una demostración o 
prueba de la “tecnología nacional” utilizada en 4 vehículos Tiuna, especialmente 
diseñados y fabricados para la expedición con equipamiento “made in Venezuela”, 
para mostrar lo que se está haciendo en el país. Según el Coronel  Julio Morales 
Prieto, jefe de la expedición, en entrevista a Carlos Croes en el Programa 
Regiones de Televen, del  domingo 2 de septiembre de 2007, confesó que en este 
recorrido “van a hablar del ALBA”. (Romero, 2002). Como puede observarse, el 
“nuevo profesionalismo militar” queda supeditado a fines políticos y al apego de 
los militares  a la política. El pronunciamiento acerca del rol de las unidades de 
Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales 57
de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
investigación y desarrollo de las organizaciones militares tampoco ha sido 
internalizado del todo. Este pronunciamiento continúa siendo marginal. 
 
f) Los Movimientos Revolucionarios 
Definidos como el actor subnacional cuyos objetivos principales son los 
cambios políticos que conllevan a la creación de nuevos regímenes. Están 
representados por una gran diversidad de grupos,  a los cuales se hará alusión en 
el desarrollo de esta sección. En la Cuarta República, la transformación de la 
Fuerza Armada Nacional originó la expansión y modernización del arsenal bélico 
teniendo como objetivo neutralizar la subversión en cualquiera de sus 
manifestaciones y evitar así cualquier intento de perturbar la incipiente 
democracia. Es así como la modernización se emprende con la adquisición de 
equipos anti-violencia y anti-guerrillas a ser utilizados para contrarrestar la 
amenaza de la subversión interna. Esta amenaza había estado centrada en una 
hipótesis de conflicto con Cuba y el régimen comunista de Fidel Castro,  para el 
período constitucional de Rómulo Betancourt (1959-1964) y se reorientaba 
entonces hacia el peligro de un agente interno, la subversión, para el período 
1964-1969 durante la presidencia  de Raúl Leoni (Araujo, 1992). 
Según el Vicealmirante Elías Daniels (Ramos, 1998:40), en los últimos años 
de la Cuarta República, se había observado en Venezuela una tendencia a 
reorientar los esfuerzos de planeamiento, recursos y operaciones hacia el 
mantenimiento del orden sociopolítico interno en detrimento de la atención que 
debe prestarse a las amenazas externas, además de un costo incuantificable en 
su unidad y su capacidad militar.  
De lo anteriormente expuesto puede deducirse que si bien no había una 
política explícita sobre el material bélico a adquirir, existían actores como es el 
caso de estos movimientos, cuya participación y desempeño influyen de una 
manera estimulante sobre las adquisiciones de armamento. Para finales de ese 
período (1958-1998), existían dos corrientes de opinión en cuanto a la aparición 
de nuevos brotes de subversión en el país. Por un lado, había quienes negaban el 
hecho como el periodista  José Vicente Rangel (Ramos,1998:40), quien 
refiriéndose al tema declaraba que considerar que detrás del malestar y la rabia 
del venezolano estaban Bandera Roja, Tercer Camino, Círculo Rojo y cuanto 
grupo o grupúsculo se antojaran los cuerpos policiales de reciclar, era revivir algo 
que estaba muerto porque fabricaba movimientos que no existían.  
Por otro lado, las autoridades de inteligencia militar, fuerzas parapoliciales y 
de control político aseguraban que las condiciones socio-económicas críticas por 
las cuales atravesaba el país determinaban la aparición de elementos subversivos, 
percibidos por ellos como "reales y potenciales", identificados en agrupaciones 
políticas izquierdistas de corte legal y en agrupaciones clandestinas con ideologías 
que persiguen el mismo fin: cambio del régimen político. (Ramos, 1998:40) 
Según los servicios de inteligencia militar de la Cuarta República, los 
movimientos subversivos que coexistían en Venezuela habían sufrido mutaciones 
organizacionales, reorientando sus objetivos tácticos a la penetración de las bases 
sociales para canalizar y aprovechar a sus fines el descontento popular. Entre 
Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales 58
de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
estos grupos detectados  por la inteligencia militar estaban: Bandera Roja, 
Movimiento por la Democracia Popular (M.D.P), Unión de Jóvenes 
Revolucionarios, Grupo Venceremos, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 
(MBR-200), Nuevo Amanecer, Movimiento 5 de julio, Tercer Camino, entre otros. 
Jiménez (1996:184) identificaba a pequeños grupos de tendencia subversivas: 
Grupo Catire, Grupo Klebber, Grupo Magolla, Grupo DVP/PG-Falcón y Grupo 
Renán, detectados también por los servicios de inteligencia. 
Pese a la controversia de si existían o no estos grupos, para Müller Rojas, 
(en Ramos, 1998:41), quizás la mayor consecuencia de la aparición de 
movimientos subversivos era la estimulación de organizaciones especializadas y 
tecnificadas en operaciones de inteligencia-búsqueda, organización y análisis de 
información correspondiente a adversarios políticos internos y externos, que en 
Venezuela han sido distorsionadas por quienes administran a estas 
organizaciones, convirtiéndose en servidores del gobierno y no del Estado; bajo el 
control partidista de turno y que resultan ineficaces desde el punto de vista de sus 
capacidades operativas militar y policial pese a lo onerosa que resulta su 
financiamiento. Añadiríamos que el efecto más directo de la especialización y 
tecnificación junto con el equipamiento es el incremento en el gasto de seguridad. 
Según Müller Rojas (1994), estas organizaciones parapoliciales dentro de la idea 
del Estado de Derecho, constituyen servicios que facilitan la interacción 
cooperativa entre las clases y estamentos de la sociedad, y entre ésta y el 
gobierno, y no pueden considerarse como expresiones del Poder Nacional 
destinadas a la imposición de un orden dado, debiendo ser organizaciones 
autónomas independientes de dos fuerzas militares: del Ejército y de la Guardia 
Nacional. 
Como una paradoja, en el año 2000, a comienzos de la Revolución 
Bolivariana, el borrador del Proyecto de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada 
Nacional contemplaba la vigilancia y control de la Policía Nacional como una de 
las funciones de la Fuerza Armada Nacional. Otra paradoja, se refiere a la 
supuesta y controversial cooperación de entes del actual gobierno con grupos 
irregulares de Colombia, en este caso las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, relación que ha sido el 
foco de disrupción diplomática con este país vecino en varias ocasiones, y 
traducido recientemente en movilización de tropas hacia la frontera con Colombia.  
Como ejemplo, puede leerse en la prensa, lo siguiente: 
 
Salvando la distancia ideológica entre la guerrilla y los 
tenebrosos grupos paramilitares, ambos han violado nuestro 
territorio, lo han usado para sus fines ante el silencio del gobierno 
venezolano. La presión de los pueblos de la frontera cuenta otra 
historia a la que pretende Chávez en Caracas o Uribe en Bogotá. 
El fin de ese conflicto  no consigue apoyo entre la mayoría de los 
venezolanos. Además, si algo ha demostrado Colombia es que de 
la guerra los únicos ganadores son los vendedores de armamento, 
Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales 59
de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
las mafias organizadas y los políticos inescrupulosos. (Barráez, 
2008:14) 
 
Más recientemente, en una presunta carta atribuida al jefe guerrillero Iván 
Márquez, y extraída del computador del jefe guerrillero Raúl Reyes, muerto por el 
Ejército colombiano en Ecuador, se hace referencia sobre una reunión de dos 
generales venezolanos (Alcalá y Carvajal) con Márquez, para coordinar la entrega 
de 20 bazucas de gran potencia y municiones, y donde plantearon la posibilidad 
de aprovechar la compra de armas a Rusia para incluir un lote que sería destinado 
a las FARC (Guaregua, 2008:11). Si algo se desprende de las suspicacias que 
traen como consecuencia estos hechos, es la ineficacia desde el punto de vista de 
sus capacidades operativas militar y policial, de las organizaciones especializadas 
y tecnificadas en operaciones de inteligencia-búsqueda, organización y análisis de 
información correspondiente a adversarios políticos internos y externos; las 
mismas continúan siendo distorsionadas por quienes las administran y convierten 
en servidores no del gobierno ni del Estado tal como lo señalaba Müller Rojas(en 
Ramos, 1998:41), sino del Presidente de la República.  
La tendencia  a reorientar los esfuerzos de equipamiento militar  de la 
llamada “Revolución Bolivariana” hacia el mantenimiento del orden sociopolítico 
interno, es cada vez más observable, basándonos tanto en el discurso de los 
agentes del gobierno, incluido el Ejecutivo, en la creación del componente 
Reserva Nacional, así como en el Proyecto de Reforma Constitucional que 
pretendía (o pretende) convertir a este contingente en el quinto componente de la 
FAN. Como una paradoja, este período se caracteriza por el surgimiento y 
consolidación de grupos que se denominan revolucionarios (Grupo Tupamaros, 
Grupo Venceremos y cerca de 30 “Colectivos”: Alexis Vive, Radio 23 de Enero, 
Niños de Monte Piedad, La Piedrita, Indio de Petare, entre otros) que no buscan 
un cambio de régimen sino la preservación de éste. Recientemente, se ha 
observado una disrupción de algunos de estos grupos, y un distanciamiento con el 
gobierno del Presidente Chávez, debido a: hostigamiento de fuerzas parapoliciales 
(en este caso la DISIP), allanamientos en los bloques de la Parroquia 23 de Enero 
y por los insultos proferidos por el Presidente de la República, a través de los 
medios de comunicación social. Puede leerse en El Nacional (2008b:1): 
“Encapuchados con pistolas, escopetas y subametralladoras cerraron los accesos 
de la Parroquia 23 de Enero para demostrarle a la DISIP la fuerza que tienen. 
Chávez los llamó terroristas y dijo que detrás de ellos estaba la mano de la CIA”. 
La estimulación y equipamiento de estos grupos armados, reflejan una falta de 
transparencia sobre el destino de las compras de armamento bélico. Para Ricardo 
Sucre (El Nuevo Herald, 2007:3), politólogo de la Universidad Central de 
Venezuela, la falta de transparencia acrecienta la inquietud de que Chávez 
pudiera estar armando a porciones del ejército, a la nueva reserva civil y a 
partidarios como el Frente Francisco Miranda, grupo político a favor de Chávez, 
que serían leales a él en caso de producirse fracturas dentro de las fuerzas 
armadas. 
   
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de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
g) Actores Transnacionales: Las Multinacionales 
Durante la Cuarta República, no existían controles efectivos sobre los 
procesos de adquisición, negociación y contratación de la tecnología militar que 
regulasen las actividades de los agentes vendedores de armamentos que iban 
desde “agentes exógenos” como algunos representantes diplomáticos de los 
países sedes de las empresas fabricantes hasta el entorno íntimo del Presidente 
de la República. Existían dos razones por las cuales estas empresas 
multinacionales volvían la vista al mercado latinoamericanoiii: a) el derrumbe 
socialista, lo cual eliminaba la posibilidad de una confrontación bélica entre las 
clásicas productoras de armamento: Estados Unidos y la Unión Soviética, y b) la 
reducción de los presupuestos de defensa en occidente, lo cual conllevaba a una 
creciente desactivación de las bases navales de algunos países, reducción de la 
demanda, y la búsqueda de nuevos mercados. 
La importancia de este actor se basa en el hecho de que su intervención en 
materia de equipamiento militar se realiza a través de los más variados "agentes" 
de venta del material. Estos agentes constituyen  un sector complejo de analizar, 
según Müller Rojas (1986), por cuanto en algunos de los casos los fabricantes 
cuentan con agentes locales, generalmente empresarios de gran solidez en la vida 
comercial del país; pero en la gran mayoría de las oportunidades intervienen en la 
negociación, como intermediarios, funcionarios de las representaciones 
diplomáticas de los países sedes de las empresas fabricantes, por lo que hay 
factores exógenos en lo que respecta al Estado en materia de equipamiento 
militar. Estos agentes o personas ha sido denominados por algunos como "perros 
de la guerra"  (Rangel, 1988) y realizan su actividad, en principio, en el marco de 
la libertad comercial y empresarial consagrada en la constitución y las leyes. Su 
función primordial es la de promoción y oferta de equipos por lo cual obtienen 
comisiones de las empresas que representan. Esto es mejor conocido como 
"lobbies" o “cabildeo”. Una vez conocidas las ofertas, la FAN no negocia con ellos 
o a través de ellos, sino directamente con las empresas fabricantes nacionales o 
en este caso multinacionales. Luego de este paso, la FAN recibe de los 
fabricantes la información técnica pertinente para que luego de las primeras 
evaluaciones, las comisiones de los oficiales y técnicos puedan viajar a los países 
de las plantas fabricantes y recibir demostraciones y explicaciones sobre el 
terreno. Muchas veces se gestiona la venida al país de técnicos fabricantes de alta 
calificación con equipos de muestra. 
Existe una normativa legal extensa que define el marco y los 
procedimientos en el cual han de desarrollarse los procesos de negociación para 
la adquisición de armamentos. El punto crítico está en la inexistencia de controles 
que regulen las actividades de los agentes vendedores de armamentos. 
Quizás el caso más ilustrativo y en donde se observa la participación de 
este actor transnacional - las empresas extranjeras fabricantes de armas - y la 
actuación de sus agentes vendedores, es el caso de la negociación para la 
repotenciación de las fragatas misilísticas  de la Armada Venezolana. Este caso 
ha sido ampliamente estudiado por Ramos (1998:43-47) y su cronología es 
también bastante amplia. Pero lo más  interesante en la guerra de alegatos 
Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales 61
de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
técnicos y jurídicos entre las empresas transnacionales por la obtención de los 
contratos de la repotenciación de las fragatas es la división que ocasionaron entre 
la oficialidad de la Armada. La falta de mecanismos de control (Rangel, 1988: 65) 
había incentivado la actuación desmedida de los agentes representantes de las 
empresas extranjeras proveedoras de tecnología y equipamiento militar, las cuales 
han desempeñado un papel disociador dentro de la oficialidad y reflejada en los 
procesos de contratación para la adquisición de equipos y material bélico.  
Para el año 2000, la batalla por los contratos de la Armada en  relación con  
las  fragatas todavía continuaba. Pudo observarse en este caso de estudio, como 
la variable tecnológico-militar que ha debido ser un elemento de cooperación 
racionalmente manejada con  criterios gerenciales de tecnología, y por ende de 
cohesión de las Fuerzas Armadas, no tuvo otra función que la distorsión y división 
al interior de la Armada.  
Pudo observarse también, en este caso de la repotenciación de las 
fragatas, una intervención del llamado “entorno íntimo” del Presidente Carlos 
Andrés Pérez (1974-1978), representado por la pareja Vásquez Mancera, que 
como en otros casos, -Gardenia Martínez, Orlando García y  la empresa 
MARGOLD-, muestran la eficiencia de los “perros de la guerra” allegados al 
Presidente de la República en su rol de influencia. El proceso de burocratización 
en el Ministerio de la Defensa produjo también fractura en las Fuerzas Armadas, 
como puede inferirse del discurso del Comandante saliente de la Armada, Vice-
Almirante Jesús Briceño García en el que se plasmaba el disgusto de un sector de 
la institución que acusaba al Ministerio de la Defensa como un organismo 
burocratizado que obstaculizaba  todo. El Vice-Almirante Briceño denunciaba por 
ejemplo, que en el caso de las fragatas, se habían cumplido  172 pasos 
burocráticos y el problema seguía vigente, al extremo que  la fragata Mariscal 
Sucre estaba en riesgo de hundimiento. (Ramos, 1998:46) 
Para algunos sectores de la oficialidad, la producción de conocimientos y 
manejo de la información causaba una dispersión y proliferación del liderazgo, por 
lo cual existía la necesidad de una orientación administrativa de la institución 
militar como organización, que obedeciera más a los criterios gerenciales que a 
criterios operacionales y decisiones jerárquicas, de comando. (Daniels, 1992:159) 
Otro de los roles desempeñados por las empresas multinacionales es el de 
su contribución a la dependencia tecnológica. Pese a que existe una corriente 
defensora de la contribución económica de las empresas multinacionales en 
países en vías de desarrollo en términos de crecimiento económico, existen 
autores como Rattner (1980) quienes afirman que "existen evidencias crecientes 
que el argumento de estas empresas de que el beneficio es mutuo no es verdad y 
que estudios levantados en la última década demuestran la falacia que es tal 
afirmación". Un aspecto importante a este punto, es el de la transferencia de 
tecnología presente en la contratación. Ha sido constatado que las tecnologías 
transferidas para los países en desarrollo son propiedad de corporaciones 
multinacionales muy fuertes las cuales controlan el mercado internacional y se 
afirma que estas tecnologías son obsoletas en sus países de origen y que la sobre 
facturación  en los países en desarrollo alcanza del 30 al 800% de los precios 
Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales 62
de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
normales, siendo la sobre facturación en las exportaciones del 40 al 60% de los 
precios vigentes en el mercado mundial (de Paula Martins, 1987). 
Por otra parte, las tecnologías utilizadas para la fabricación de equipos 
bélicos están más protegidas que aquellas de uso civil constituyendo secretos 
industriales que muchas veces ni son patentados basándose en las implicaciones 
para la seguridad de un país. Aún siendo generadas por empresas privadas no 
pueden ser libremente negociadas estando regulado su comercio por el gobierno, 
aunque éste no haya contribuido a su generación. Por estas razones la venta de 
estas tecnologías no es evaluada desde el punto de vista económico solamente, 
sino estratégico también. De allí viene el hecho de que la mayoría del 
equipamiento vendido por estas empresas son ítems de importancia secundaria o 
están en vías de obsolescencia. Una ocurrencia de verdadera transferencia de 
tecnología de los materiales bélicos es menos probable que en el caso de 
productos civiles. Las transacciones cuando son autorizadas, corresponden a 
instrucciones para la fabricación y no son conocimientos que constituyen una 
tecnología que permita al comprador aspirar a cierta autonomía en el futuro (Pirró 
e Longo, 1984).  
En la Revolución Bolivariana, la “compra de armas supera lo necesario”, 
según funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, quienes señalan que 
Venezuela adquiere cuatro veces más de lo que requiere, por lo cual advierten 
que se está buscando la desestabilización regional. Según J. Michael McConnell, 
Director de Inteligencia Estadounidense y Michael Maples, Director de la Agencia 
de inteligencia para la Defensa: “Venezuela está ahora en busca de submarinos y 
misiles de defensa antiaérea y que sus compras anteriores de armas rusas por un 
valor superior a los 3 millardos de dólares excedían mucho las ventas y contratos 
de mantenimiento firmados con Irán, con el cual estaría buscando cooperación en 
energía nuclear” (El Nacional, 2008a:14). Según el economista Oystein Noreng, 
experto en temas energéticos y profesor de la Escuela Noruega de Gerencia, la 
actual bonanza petrolera de los gobiernos de las naciones industrializadas o en 
vías de desarrollo, formen o no parte de la Organización de Países exportadores 
de Petróleo, tienen algo en común: están aprovechando los ingresos provenientes 
del crudo para incrementar el gasto militar: “cerca del 30% de las ganancias 
petroleras se ha gastado en compra de armas y servicio militar” (El Nacional, 12-
03-2008 :1 /Estrategia). 
Como puede observarse, parece una tendencia general, lo apuntado por 
Noreng, quien incluye a Estados Unidos como el tercer productor de crudo en el 
mundo, y el país que más recursos destina a su Fuerza Armada. Esta coyuntura 
es aprovechada por países vendedores de armas, tales como Rusia quien entre 
2010 y 2011 comenzará la entrega en serie de los nuevos caza multipropósitos 
Sukhoi-35, en primera instancia al ejército ruso y luego al mercado internacional. 
Según el Director General de la empresa productora, Mijail Pogosián, tienen 
previsto “promover este caza a nuestros mercados tradicionales en el sureste 
asiático, África, Medio Oriente y Sudamérica” (Agencia Ria Novosti en El 
Universal, 2008:1-5). En junio de 2006, cuando el presidente Chávez anunció que 
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de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
compraría 24 aviones Sukhoi-30, advirtió que dejaba pendiente la posibilidad de 
una adquisición futura de un avión más nuevo: el Sukhoi-35 (El Universal, 2008:1-
5) 
La Ley de Presupuesto Público para el ejercicio fiscal 2008 señala que para 
este año 2008, el gasto asignado al Ministerio de la Defensa alcanzará los 7,1 
millardos de bolívares fuertes que representan 5% del plan de gastos del gobierno 
para el período. El monto se eleva a 9,8 millardos de bolívares fuertes si se 
incorporan los compromisos que en materia de seguridad incluyen otros 
despachos, principalmente el de Ministerio de Interior y justicia. Parte de lo que se 
refiere a la dotación de equipos, forma parte de lo que se conoce como inversión 
militar, la cual tradicionalmente se realiza mediante operaciones de 
endeudamiento, y para este año, se prevén préstamos por 105,4 millones de 
bolívares fuertes para la adquisición de equipos y 50,9 millones de bolívares 
fuertes para el mantenimiento de unidades. (Rojas, 2008:1). Este gasto, trae como 
consecuencia, la proliferación de nuevos “perros de la guerra”: representantes de 
embajadas de China, Federación Rusa, Corea del Norte, Irán, entre otras 
naciones con las cuales se alinea la “ideología de la Revolución Bolivariana”, 
además de Brasil, España e India. Uno de los principales proyectos nacionales 
que ha puesto en marcha el gobierno venezolano es la modernización de sus 
Fuerzas  Armadas con la adquisición de armas y equipos nuevos y modernos, por 
cuanto Estados Unidos suspendió los suministros de armas a ese país con el 
pretexto de tener vínculos "extremadamente próximos" a Cuba e Irán. (Rusakova, 
2007: 1) 
Tanto como en la Cuarta República, como en la Revolución Bolivariana se 
tiene una gran dependencia de los centros proveedores de armas al no desarrollar 
las infraestructuras logísticas, industrias nacionales ni al sector educativo, 
incrementándose la influencia ideológica de estos centros sobre miembros de la 
FAN con su consiguiente control. 
Un papel tradicional de estos actores, viejos y nuevos “perros de la guerra”, 
es la estimulación de confrontación bélica entre países. En este sentido, existe la 
denuncia de que en el reciente impasse diplomático entre Colombia y Venezuela, 
el cual se tradujo en movilización de tropas a la frontera por parte de Venezuela, 
los fabricantes de equipos bélicos y municiones ofrecieron un amplio suministro a 
ejércitos de estos países. En relación con este hecho, diversas fuentes militares se 
han pronunciado: 
 
Han manifestado su rechazo a la posición extremadamente 
mercantilista que asumieron conocidos vendedores de armas, 
vinculados al alto gobierno venezolano y a las FAN, quienes sin 
escrúpulo alguno ofrecen altas comisiones en función de colocar 
los equipos bélicos que representan en Venezuela. Nos aseguran 
que uno de estos “perros de la guerra” trabaja de manera directa 
con un exalto funcionario de la “revolución”, a quien, desde los 
Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales 64
de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
gobiernos de la llamada “cuarta república”, se vinculó con la venta 
de armas. (Colina, 2008:2) 
 
La tecnología importada de uso militar tiene un costo real que es complejo 
de calcular, lo cual incentiva irregularidades a partir de los contratos firmados y en 
virtud de prácticas comerciales como: sobrefacturación de productos intermedios 
importados de adquisición obligatoria, el sub-facturamiento de productos 
exportados a una casa matriz, salarios elevados a personal extranjero, asistencia 
técnica provista por el vendedor, evasión fiscal y fuga de divisas. Sobre este 
particular, no ha sido desplegada una función contralora efectiva en ninguno de los 
períodos estudiados, por lo cual ha sido difícil obtener información cuantitativa 
sobre el estado actual de los vicios y prácticas comerciales mencionadas, relativas 
a los procesos relativos a la adquisición de tecnología militar.  
 
Conclusiones 
La denominada “Gerencia de Crisis” ha caracterizado, en ambos períodos 
estudiados, la ejecución de actividades que conforman la función logística de las 
Fuerzas Armadas (hoy en singular), lo cual ha ocasionado duplicidad de 
esfuerzos, indefiniciones doctrinarias, y falta de continuidad operativa. En el 
período de la Revolución Bolivariana, se profundiza esta gerencia de crisis en la 
medida en que los militares abarcan casi todas las posiciones gerenciales de la 
sociedad, transponiendo desde la organización castrense, vicios arrastrados 
desde la Cuarta República más que “virtudes militares”, hacia las empresas e 
instituciones que les ha tocado dirigir.  
En ambos períodos estudiados, las compras de armamento constituyen los 
indicadores de la política gubernamental en materia de adquisición de material de 
uso bélico al no existir una decisión explícita sobre política de equipamiento militar  a 
diferencia de los países industrializados en donde la adquisición se hace a través de 
lineamientos de orientación estratégica con políticas que determinan la estructura 
tecnológica militar dentro del marco general de seguridad y defensa del país. La 
estrategia de Seguridad y Defensa, está actualmente circunscrita a nuevas 
concepciones estratégicas como “guerra popular de resistencia”, “guerra de cuarta 
generación”, “guerra asimétrica”, “socialismo del Siglo XXI” y otros términos 
complejos de difícil comprensión para gran parte de la oficialidad, lo cual dificulta 
la integración de estas concepciones al sistema educativo militar.  
Los procesos de procura, negociación, contratación y adquisición de 
tecnología militar en Venezuela, están ahora más acordes con el interés del 
Presidente Chávez (y sus asesores) de exportar a otros contextos geográficos, lo 
que él considera “la revolución bolivariana”, interés que viene subsidiado por el 
incremento de los ingresos que produce la venta del petróleo. Se sustentan los 
argumentos esgrimidos por algunos, de que Venezuela ha involucionado hacia un 
“populismo militar”, una involución a los años 1950, cuando Venezuela estaba 
gobernada por el General Marcos Pérez Jiménez, y que Venezuela está 
comprando armas que no constituyen una amenaza para Estados Unidos, pero 
Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales 65
de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2 
Ramos. Impacto socio-político e institucional de la tecnología militar en Venezuela 
que desequilibran las fuerzas militares dentro del continente. Este populismo 
también  caracteriza hoy a otras políticas sociales. 
 Aunque hay esfuerzos muy puntuales e interesantes en materia de 
investigación y desarrollo con fines militares dentro de los centros de la Fuerza 
Armada y de las universidades, la vinculación es muy débil entre éstos y algunas 
instituciones docentes y de investigación civil en el país; es decir, existen algunos 
proyectos, hay algunos intentos exitosos de desarrollos tecnológicos muy 
puntuales; pero no hay una manera coordinada y sistemática de crear una 
industria de armamento local (existe la intención). Tampoco existe una política de 
investigación de ciencia y tecnología con fines militares. Por lo que se puede leer 
en la nueva Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, a los militares los 
dejan prácticamente fuera, es decir, la investigación con fines militares, 
prácticamente en este nuevo marco legal, no aparece. Tampoco está reflejada 
esta política de investigación en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-
2030. De esto se infiere que se continuará con la práctica de reemplazo de 
equipos y armamento, a través de las compras, lo cual representa un gran gasto a 
través del endeudamiento del país. Se continúa perdiendo la oportunidad de un 
verdadero estrechamiento de las relaciones civiles-militares a través de una vía 
idónea para este fin, como es el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Finalmente,  importantes puntos del sistema de defensa de Venezuela se 
encuentran ahora vulnerables por falta de repuestos y servicios, mientras al 
gobierno del Presidente Chávez, se le hace cada vez más difícil adquirir 
tecnología militar de punta, principalmente de proveedores en el Hemisferio 
Occidental. Esta coyuntura es aprovechada por Rusia y otros países, con los 
cuales se alinea ideológicamente la Revolución Bolivariana. Este rearme es 
considerado por algunos críticos, como un "un desarme" porque, al surtirse en los 
abarrotados arsenales de Moscú, Venezuela se "desarma" progresivamente de la 
tecnología militar norteamericana. Cambian los agentes, los actores, los roles, 
pero persisten las malas prácticas, los vicios e irregularidades, y de esta manera, 
continúan perdiéndose las oportunidades de desarrollo. 
 
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Notas 
                                                          
1. La tecnología es dependiente de los procesos que ocurren en cuatro contextos 
interrelacionados: investigación básica, investigación aplicada, el desarrollo de prototipos 
para prueba y experimentación, y la producción y utilización en marcha. El modelo a seguir 
parte de la idea de que en estos cuatro contextos son requeridos diferentes niveles y tipos 
de recursos: financiamiento, fuerza de trabajo, tiempo, servicios, materiales, educación  y  
recursos naturales, entre otros. (Baram, 1973). Adicionalmente, la tecnología emergente 
trae consigo efectos (o productos) - directos e indirectos, primarios y secundarios, 
beneficiosos y perjudiciales, medibles y  no medibles, incluyendo efectos en la salud 
(mentales y físicos, somáticos y genéticos), económicos (individuales y corporativos, 
locales, nacionales e internacionales), ambientales (contaminación, intervención de 
ecosistemas), de recursos (materiales disponibles, tierra  y  aguas para usos competitivos), 
valores (cambios reflejados en nuevas leyes  y  políticas) y socio-políticos  e institucionales 
(cambios estructurales y sustantivos),  para citar algunos ejemplos de los efectos. 
2. Según San Martín (1992), una clasificación de este tipo justifica que “expertos” aborden 
impactos específicos (los economistas tratan de identificar los impactos económicos; los 
psicólogos, los impactos psicológicos). Se trata de una clasificación conocida como 
EPISTLE (Environmental, Psichological, Institucional/ Sociopolitical, Technological, Legal 
and  Economic impacts). 
3. A este respecto, es importante mencionar el papel que juegan las transnacionales. Una 
transnacional está definida como “una casa matriz que instala, al momento de invertir de 
manera directa, filiales en varios países diseminados geográficamente y cuyas actividades 
son planificadas y controladas por la casa matriz dentro de una perspectiva global” (Viloria, 
1992:26). Su objetivo primordial es la maximización de las ganancias económicas y la 
disminución de los riesgos económicos. 
 
 
 
 
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